EL CONSTITUCIONAL DECLARA ILEGAL QUE EL GOBIERNO DEJARA EN MANOS DE LOS TRIBUNALES AUTONÓMICOS LA POTESTAD FRENTE A LAS MEDIDAS COVID

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la decisión del Gobierno (plasmada en una ley) para que fueran los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas quienes decidieran si debían autorizar o no la aplicación de normas sanitarias de nivel general para prevenir contra el Covid después de que los responsables de los gobiernos regionales les consultaran.

El Alto Tribunal admite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la decisión del Ejecutivo de dejar en manos de la Justicia de cada región el aval a las restricciones sanitarias.

Concluye que el precepto de la ley 3/2020 que dejó en manos de los TSJ la decisión de avalar medidas que pudieran restringir derechos fundamentales de los ciudadanos «quebranta el principio constitucional de separación de poderes, al atribuir a los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo funciones ajenas a su cometido constitucional (arts. 106.1 y 117 CE), con menoscabo de la potestad reglamentaria que la Constitución atribuye al poder ejecutivo (art. 97 CE), sin condicionarla al complemento o autorización de los jueces o tribunales para entrar en vigor y desplegar eficacia, bastando para ello la publicación en el correspondiente diario oficial.

La potestad reglamentaria se atribuye por la Constitución (y por los Estatutos de Autonomía, en su caso) al poder ejecutivo de forma exclusiva y excluyente, por lo que no cabe que el legislador la convierta en una potestad compartida con el poder judicial, lo que sucede si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial», se expone en la sentencia ponencia del magistrado Enrique Arnaldo.