Cesados dos altos cargos del Ministerio de Hacienda por su implicación en el Caso Montoro

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apartado este viernes de sus funciones a Óscar Del Amo Galán y a Rogelio Menéndez, dos directivos de su departamento imputados en la instrucción abierta por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona que investiga la presunta “red de influencias” impulsada desde el Ministerio de Hacienda para beneficiar a grandes empresas gasistas a cambio de comisiones ilegales.

La investigación, que se inició tras el hallazgo casual de un correo electrónico, intervenido por la Guardia Civil, se evidenciaba un posible pago a Equipo Económico (EE) “a fin de obtener modificaciones legislativas favorables” para empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Este descubrimiento llevó al juez Rubén Rus a incoar diligencias previas en 2018 y a mantener el secreto del sumario hasta su reciente levantamiento este pasado martes donde se imputó al exministro Cristóbal Montoro.

Según el auto, la AFGIM contrató dos veces a EE tras fracasar sus intentos con otras consultoras. Tras el primer rechazo de Hacienda a cambiar los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), los representantes de estas empresas pagaron 779 705 € a EE, que en realidad encubrían una comisión por influir en la redacción legislativa.

Los correos intervenidos revelan que la propia AFGIM llegó a redactar los textos legales, con ajustes técnicos encargados a Ernst & Young (EY) para “ocultar” su participación directa.

La modificación se incluyó finalmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, generando la base legal que simulaba un cambio técnico-productivo en la tributación de los gases industriales, cuando en realidad respondía al interés económico de las compañías representadas por la consultora.

La instrucción policial apunta además que la mayoría de los altos cargos implicados en este caso pasaron posteriormente al sector privado, trabajando para despachos y grandes empresas, perpetuando así el presunto círculo de influencias.

Con estos ceses, Montero trata de reforzar el mensaje de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta contraria a la legalidad dentro de la Administración tributaria, y depura responsabilidades tras el destape de este escándalo que afecta a figuras centrales de la política fiscal de las últimas dos décadas.

Los implicados disponen ahora del plazo legal para presentar alegaciones y defenderse ante el juez instructor.