España, Reino Unido, Gibraltar y la Unión Europea han acordado un marco jurídico que permitirá suprimir la verja y eliminar los controles físicos y aduaneros habituales en la frontera terrestre entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, integrando a Gibraltar en el espacio Schengen y planteando una futura unión aduanera con la UE.
El objetivo oficial es que las personas y mercancías circulen sin los trámites fronterizos actuales, mientras se preservan las normas del Espacio Schengen y del Mercado Único. Este acuerdo se ratifico en junio de este año y supondría la caída del último muro de la Europa continental, como explicó el ministro Albares.
Según el periódico El País, señalan que el texto jurídico definitivo del acuerdo debería estar listo en octubre de 2025, con ratificaciones previstas hacia diciembre; si los plazos se cumplen, la eliminación física de la verja y la entrada en vigor de las nuevas reglas se proyectan para principios de 2026.
Esa hoja de ruta es, por ahora, orientativa y depende de la aprobación formal en el Parlamento Europeo, el Reino Unido y las instituciones pertinentes.
Aunque desaparezcan los controles en la línea terrestre, el acuerdo prevé desplazar y concentrar las funciones de control al puerto y al aeropuerto de Gibraltar, donde autoridades españolas y gibraltareñas (y, en determinadas materias, británicas) coordinarán pasaportes y aduanas bajo las reglas del acuerdo.
Además se fijan principios para una cooperación reforzada en ámbitos policiales y judiciales y para evitar distorsiones fiscales —por ejemplo, normas sobre impuestos indirectos como el tabaco— que serán parte de la negociación técnica. Por ejemplo, deberán aplicar un método semejante al IVA.
Su eliminación tiene un fuerte componente simbólico. La frontera terrestre entre La Línea y Gibraltar se construyó en 1908 por los británicos y fue cerrada por orden de Francisco Franco en 1969. Permaneció cerrada total o parcialmente hasta que se reabrió plenamente al tránsito. Su desmantelamiento facilitará la vida a los más de 15.000 viajeros que la cruzan.
Los gobiernos implicados defienden que la eliminación de controles reducirá colas, dinamizará el comercio transfronterizo, facilitará la vida de estos viajeros y de los habitantes del Peñón, además de fomentar la prosperidad regional.
Instituciones comunitarias subrayan además la ambición de encuadrar a Gibraltar en un marco regulatorio que combine la libre circulación con salvaguardas para el Mercado Único. Las autoridades ven también una oportunidad para inversiones en la zona y mayor coordinación en transporte y medio ambiente.
El Gobierno español ha presentado el pacto como un avance diplomático y económico. Desde la Unión Europea se celebró la “última pieza” del rompecabezas postelectoral del Brexit, donde Gibraltar había quedado en el limbo y encuentra solución con este acuerdo tras 5 años desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Sin embargo, la oposición política en España ha pedido más explicación sobre garantías jurídicas y efectos de soberanía, y algunos grupos en el Reino Unido han acusado al Ejecutivo británico de ceder demasiado. En Gibraltar, el ministro principal Fabian Picardo ha combinado cautela con un posicionamiento favorable a la normalización que preserve la autonomía del Peñón.
Lo acordado hasta ahora tiene forma de declaración política y de acuerdo marco; la parte técnica exige redactar un texto jurídico detallado —que especifique competencias, mecanismos de control compartido, normas aduaneras y fiscales, recursos judiciales y protocolos de seguridad—. Esa transcripción técnica es la que Bruselas, Londres, Madrid y Gibraltar pretenden finalizar este otoño para someterla a ratificación.
Hasta que exista el texto, las fechas concretas y los mecanismos operativos seguirán sujetándose a negociación.