LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 37, 5 HORAS, SOMETIDA A PLENO EN EL CONGRESO

El Congreso de los Diputados ha convocado el debate en pleno del proyecto de ley que reduce la jornada máxima ordinaria de trabajo a 37,5 horas semanales —medida impulsada por el Ministerio de Trabajo— después de que la tramitación parlamentaria quedara suspendida este verano y las fuerzas políticas hayan cerrado el plazo de enmiendas.

La decisión vuelve a poner en la agenda una norma que el Ejecutivo pactó con los sindicatos y que aspira a entrar en vigor antes de que termine 2025.

De pacto a la hoja final

El texto parte de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y fue elevado al Consejo de Ministros como proyecto de ley para su remisión al Congreso.

El objetivo oficial es disminuir la jornada ordinaria de 40 a 37,5 horas de promedio en cómputo anual sin reducción salarial y acompañarlo de garantías como el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital.

El proyecto ya figura publicado en los registros parlamentarios y acumuló en su fase inicial varias enmiendas a la totalidad por parte de formaciones como Junts, el PP y Vox. El más crítico fue Junts, quien resaltaba mucho el hecho de que este texto no hubiese sido firmado por la patronal y ninguna empresa lo apoyase, aunque en julio ya reconoció que seguía en negociaciones con trabajo.

Entre los puntos centrales del texto está la promesa del Gobierno de que la reducción no implicará pérdida de salario para los trabajadores, la obligación de reforzar el registro horario y el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital.

Además, la norma acota plazos para que los convenios colectivos se adapten y fija requisitos de conservación del registro de jornada durante varios años para facilitar inspecciones y comprobaciones.

Según el proyecto, los convenios colectivos vigentes tendrán un plazo transitorio —marcado en el propio texto— para adaptarse a la nueva jornada; el acuerdo del Gobierno sitúa el plazo máximo de adaptación en 31 de diciembre de 2025, de modo que la implantación práctica quede cerrada para el inicio del año siguiente.

En cuanto a las sanciones, una vez pase la fecha de plazo máximo y esta ley esté aprobada, las empresas se pueden enfrentar a multas de hasta 10.000 euros por trabajador si incumplen la reducción de jornada.

El Gobierno estima que la medida beneficiará a millones de trabajadores —han citado cifras en torno a 12,5 millones de personas en sectores con jornadas más extensas y sin convenios que ya incorporen estos topes—, mejorando la conciliación y la calidad de vida.