El hermano de Pedro Sánchez, procesado por prevaricación y tráfico de influencias

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó este martes los recursos presentados por David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y por otros diez investigados y confirmó el auto de procesamiento dictado por la jueza instructora.

Con esa resolución, que no admite recurso, la causa continuará su curso y derivará en la celebración de un juicio oral por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias que la magistrada atribuye al principal encausado.

El escrito judicial mantiene que existen “indicios suficientes” sobre la posible comisión de prevaricación administrativa —la adopción de resoluciones manifiestamente injustas— y de tráfico de influencias en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, que reúne a varias formaciones y colectivos, ya ha anunciado que pedirá penas de prisión y la devolución de retribuciones percibidas.

Los correos, los indicios que motivaron el procesamiento

La investigación se centra en la creación, en octubre de 2016, de la plaza de “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios” —posteriormente rebautizada en 2022 como “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”— y en su adjudicación en mayo de 2017 al propio David Sánchez.

La jueza instructora puso el foco en que el puesto fue diseñado como de alta dirección, con un coste aproximado de 123.000 euros anuales, y que su redacción y convocatoria contenían «irregularidades formales evidentes» que, según la investigación, pudieron responder a la voluntad de que la plaza fuera ocupada por el hermano del presidente.

Entre las pruebas que esgrimió la instructora figuran correos electrónicos intervenidos en los registros y declaraciones de testigos. Uno de los mensajes internos, enviado el día en que se publicaron las bases de la plaza, llevaba en el asunto la palabra “hermanísimo”, y en otras diligencias aparece la referencia —en un testimonio— a que Pedro Sánchez “le habló de que tenía un hermano músico” durante su campaña interna, dato que la Audiencia considera relevante para conectar los hechos investigados. Esos indicios fueron valorados por los magistrados de la Audiencia como suficientes para seguir adelante con la causa.

Además de David Sánchez, la causa alcanzará a figuras locales y dirigentes vinculados a la Diputación y al PSOE de Extremadura: entre los procesados figuran Miguel Ángel Gallardo —ex presidente de la Diputación y actual secretario general del PSOE extremeño—, al que el PP de Extremadura pide su dimisión; el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, y otros cargos administrativos que figuran en los expedientes de personal y en las decisiones sobre la plaza.

Denuncias, UCO y ausencia de delito fiscal

El procedimiento arrancó por una denuncia presentada en mayo de 2024 por el sindicato Manos Limpias y otras acusaciones populares. La Guardia Civil, a través de la UCO, realizó diligencias y registros en la Diputación; sus informes descartaron enriquecimiento ilícito y delitos fiscales en el patrimonio del investigado, pero la jueza consideró que existían suficientes indicios de irregularidad en la creación y adjudicación del puesto que justificaban la apertura del juicio oral.

La Fiscalía provincial, en fases previas, llegó a solicitar el archivo por considerar que no había delito, si bien la Audiencia ha dado ahora la razón a la instructora al estimar que las cuestiones deben dilucidarse en sede de juicio.

Las acusaciones populares —formadas por entidades y partidos políticos— han anunciado que solicitarán penas de hasta tres años de cárcel para David Sánchez y para otros responsables, además de la devolución de los salarios percibidos y sanciones económicas que, según sus cálculos, podrían rondar los 130.000 euros. La Fiscalía, sin embargo, mantiene una posición más tibia y no sustenta la acusación penal en esta fase.

El Gobierno, a través de la portavoz Pilar Alegría, expresó el “máximo respeto a las decisiones judiciales” y apeló a la presunción de inocencia, confiando en que la verdad terminará por imponerse. Por su parte, los encausados han negado irregularidades y alegan la inexistencia de indicios suficientes o defectos en la instrucción; Miguel Ángel Gallardo, en particular, ya había manifestado su sorpresa y dijo hace unos meses sentirse “pisoteado” en sus derechos tras conocer la exposición de la jueza.