TIPIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA VICARIA COMO DELITO

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, una norma que convierte por primera vez en delito autónomo —con agravante por razón de género— la conducta por la que un agresor ataca a una mujer a través de terceros (habitualmente sus hijos) para causarle daño psicológico.

El texto incorpora una reforma del Código Penal que introduce el nuevo artículo 173 bis y establece penas que oscilan entre los seis meses y los tres años de prisión, con incrementos en el tipo agravado.

Significado y qué incluye

El anteproyecto define la violencia vicaria como «la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta» y amplia el elenco de personas susceptibles de sufrirla: no sólo hijos e hijas y menores bajo tutela, sino también ascendientes, hermanos, personas dependientes o la nueva pareja de la víctima.

La intención del Gobierno es que la norma cubra formas tan diversas como la privación de cuidados, la sustracción de menores, el daño a animales con intención de revictimizar o la instrumentalización de informes y procesos judiciales para causar sufrimiento.

Entre las novedades más llamativas figura la obligación reforzada de que el menor sea escuchado en los procesos judiciales que afecten a su situación y la previsión de medidas civiles para proteger a las víctimas.

El anteproyecto incluye además una pena inédita pensada para evitar la revictimización: la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes o documentos —directa o indirectamente elaborados por el agresor— que busquen prolongar el daño a la víctima, una respuesta pensada tras la polémica por el libro El odio y el testimonio de José Bretón.

Tipificación en el Código Penal

La reforma del Código Penal incorpora la violencia vicaria como delito contra la integridad moral de la mujer (nuevo artículo 173 bis). La califica además con agravante por razón de género, de modo que las penas pueden acumularse con otros tipos delictivos y con medidas de seguridad o responsabilidad civil derivada.

El Ejecutivo defiende que ese cambio simbólico y jurídico sitúa a España “a la vanguardia” en la lucha contra las formas más extremas de violencia machista.

En su exposición de motivos, el Ministerio aludió a cifras y casos que han sensibilizado a la opinión pública: desde 2013, cuando se comenzó a computar específicamente este fenómeno, se han contabilizado 65 niños y niñas asesinados en episodios vinculados a violencia vicaria y en 2024 fueron nueve y este año ya se registraban tres, según el recuento del Ejecutivo.

Resulta curioso el caso en Las Palmas en el que la muerte de un perro fue interpretada como violencia vicaria y que han mostrado vacíos en la protección y en la respuesta legal.

No es la única reforma

El anteproyecto no se limita al Código Penal: modifica la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la ley de protección jurídica del menor.

Entre las medidas civiles figura la revisión del artículo 92.6 del Código Civil para garantizar la escucha del menor en procesos de guarda y custodia, y la prohibición expresa de seguir utilizando figuras como el denominado “síndrome de alienación parental” para separar a madres y hijos.

Reacciones políticas

La aprobación del anteproyecto contó con el respaldo del Gobierno y de los grupos que apoyan su política en materia de igualdad; desde el PSOE y partidos socios se insistió en la necesidad de “visibilizar” la violencia vicaria y de dotar al ordenamiento de herramientas específicas.

El PP, que en otras ocasiones apoyó medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha mostrado prudencia y ha centrado sus críticas en la eficacia práctica y en la gestión de políticas del Ministerio. Vox, por su parte, ha rechazado la línea ideológica del Ejecutivo y ha exigido responsabilidades en otros frentes, como la polémica de las pulseras antimaltrato.