Italia tipifica el feminicidio como delito autónomo

El Parlamento italiano ha escrito este martes 25 de noviembre de 2025 una página trascendental en la historia del derecho penal europeo. La Cámara de Diputados ratificó de manera definitiva y unánime la tipificación del feminicidio como delito específico en el Código Penal, imponiendo la cadena perpetua como sanción máxima para quienes asesinen a una mujer por motivos de odio, discriminación o control de género.

La reforma, que modifica el artículo 577 del Código Penal, transforma lo que hasta ahora era una circunstancia agravante en un delito autónomo con entidad propia, marcando un antes y un después en la persecución judicial de la violencia machista en el país mediterráneo.

Un consenso político sin precedentes

La aprobación, celebrada simbólicamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha sido posible gracias a un acuerdo bipartidista inédito entre el Gobierno conservador de Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) y la oposición de centroizquierda.

Con 237 votos a favor y ninguno en contra, la normativa superó su trámite final en la Cámara baja, después de haber recibido el aval del Senado en julio pasado. La primera ministra, Giorgia Meloni, se declaró «muy satisfecha» y calificó la medida como «una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres».​

La definición jurídica de un fenómeno social

El nuevo marco legal establece que incurrirá en delito de feminicidio quien mate a una mujer motivado por odio, discriminación o por actos de control, posesión o dominio por razón de género, así como quien cometa el crimen como represalia por la negativa de la víctima a mantener o proseguir una relación afectiva.

Esta formulación introduce por primera vez en la legislación italiana la matriz cultural del género como elemento constitutivo del delito, reconociendo que la violencia machista no es un conjunto de casos aislados, sino una expresión extrema de la desigualdad estructural.

Hasta este martes, el sistema penal italiano solo contemplaba agravantes genéricas cuando el asesino estaba casado o emparentado con la víctima, pero no reconocía la especificidad del fenómeno. La reforma cierra esa laguna, alineando a Italia con países como España, México o Argentina, que ya disponen de tipificaciones similares.​

Datos que justifican una respuesta contundente

La necesidad de la normativa queda patente en las cifras oficiales. El ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) reportó que en 2024, de los 327 homicidios registrados en Italia, 116 víctimas fueron mujeres y niñas, y en el 92.2% de los casos los responsables fueron hombres.

Los datos de 2025 son igualmente alarmantes: 85 mujeres han sido asesinadas en los primeros diez meses del año, 56 de ellas por parejas o exparejas. Estas cifras, equivalentes a casi una mujer asesinada cada tres días, han mantenido a la sociedad italiana en estado de conmoción permanente, especialmente tras casos de alto impacto mediático como el asesinato de la universitaria Giulia Cecchettin en 2023.

Más allá de las penas: medidas de acompañamiento

La ley no se limita al endurecimiento punitivo. El texto aprobado incluye un paquete de medidas de protección integral que fortalece el sistema de apoyo a las víctimas y sus familias.

Entre ellas destaca el aumento de fondos para las casas de refugio, la ampliación de los criterios de acceso a indemnizaciones para los huérfanos de feminicidio y la obligación para el ministro de Justicia de comparecer anualmente ante el Parlamento para rendir cuentas sobre la evolución de la violencia de género.

A pesar del amplio consenso, la oposición de centroizquierda ha utilizado la aprobación para cuestionar la coherencia de la coalición gobernante. Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, señaló que «la represión no es suficiente sin prevención, que solo puede comenzar en las aulas«.

Schlein criticó que Italia sea uno de los siete países de Europa donde la educación sexual y afectiva no es obligatoria en las escuelas, y denunció que el Gobierno de Meloni haya presentado una propuesta paralela que requiere consentimiento explícito de los padres para abordar estos temas en secundaria, argumentando que pretende proteger a los menores de «activismo ideológico».