El Gobierno estadounidense ha presentado una acusación penal contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, imputandolo de tráfico internacional de drogas. La decisión de presentar estos cargos ha sido comunicada por el fiscal general de justicia, William Barr, en una comparecencia por Internet , en la que, además, se ha anunciado “recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto” de Maduro y otros miembros importantes del régimen.
Estos otros miembros son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la “ilegítima” Asamblea Constituyente; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar; el general retirado Cliver Alcalá Cordones; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. EE.UU ofrece una recompensa de 15millones de dólares por cualquier información sobre Maduro, y 10millones por información que lleve a la detención de los otros dirigentes chavistas.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que “el pueblo venezolano se merece un Gobierno representativo responsable y transparente al servicio de las necesidades de la gente, y que no traicione la confianza del pueblo condonando o empleando oficiales públicos que se implican en el tráfico ilegal del narcóticos”. “Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas“, ha declarado.
Estas nuevas acusaciones aumentan la presión de la Administración de Trump para expulsar del poder a Maduro. El senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores más contrarios al régimen venezolano, escribía en Twitter, antes de realizarse el comunicado, que “hoy Nicolás Maduro será procesado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo”.
El anuncio ha sentado como un vaso de agua fría al Gobierno de Maduro, que afronta un aislamiento internacional sin precedentes. En las últimas semanas, el chavismo trató de restablecer algunos canales diplomáticos y se intentó retomar las relaciones con Colombia. Sin embargo, los señalamientos de Washington parecen cerrar ese camino.
Los cargos presentados por Washington se refieren a la colaboración de Caracas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que en 2016 firmó la paz con Bogotá, se desmovilizó y se convirtió en partido político. En medio de la aplicación de los acuerdos, el pasago agosto, algunos ex dirigentes de las FARC anunciaron su vuelta a las armas y las autoridades colombianas acusan a Maduro de darles cobijo en Venezuela.
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