Tras las elecciones catalanas del 14-F, Moncloa reinició los contactos con el líder del Partido Popular, Pablo Casado para llevar a cabo la reforma del Consejo General del Poder Judicial, una reforma que lleva paralizada dos años y ha suscitado numerosas críticas.
Las conversaciones, que han comenzado a través de llamadas telefónicas, tienen como objetivo la sustitución del actual Consejo, que dirige Carlos Lesmes y la renovación de otras instituciones como el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y el Defensor del Pueblo o el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.
El Partido Popular por su parte ha aceptado las conversaciones pero según informan fuentes de la formación político continúa con sus condiciones, las líneas rojas para poder apoyar la renovación. Estas líneas rojas son: la exclusión del socio de gobierno Unidas Podemos de las conversaciones, la eliminación de la reforma del CGPJ que anunció el Ejecutivo ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría necesaria y la formación de una comisión que evalúe un cambio en el sistema de renovación de este órgano. La formación política argumenta que sus condiciones son esenciales para “el reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral”.
Pero aunque las condiciones del Partido Popular continúan vigentes, el Ejecutivo ha señalado que cree que el acuerdo para la renovación de estos órganos podría ser inminente. En concreto, la vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser que “para Casado, Cataluña era un rubicón tremendo, y una vez ha pasado, creo que toda esa recomposición tiene que estar ya de manera inminente“.
Fue hace unos meses que ante la imposibilidad de poder renovar el Consejo General del Poder Judicial, Moncloa anunció una reforma para rebajar la mayoría necesaria para poder cambiar el poder de este órgano sin el acuerdo necesario del Partido Popular. Una reforma que suscitó numerosas críticas por parte de la oposicion de politizar el CGPJ.
Mónica Giner González
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