EL GOBIERNO APRUEBA LA NUEVA LEY DE VIVIENDA

El pasado martes, 1 de febrero, el Gobierno aprobó la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Esta nueva norma servirá como refuerzo de uno de los pilares del famoso «Estado del Bienestar». Según indican desde Moncloa, «se favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria. El Ejecutivo también ha dotado de carácter educativo al primer ciclo de 0 a 3 años».

Esta ley fue aprobada en el Consejo de Ministros, el pasado 26 de octubre, por lo tanto su aprobación llega casi 3 meses tarde. Los planes del Gobierno eran aprobar esta medida antes de que finalizara el año, cosa que finalmente fue imposible.

El retraso, en la aprobación de esta ley, viene dado por la demora en la publicación del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo ha declarado que la ley representa un claro choque de funciones entre los gobiernos autonómicos y el Estado, provocando anomalías en materia de legislación de vivienda. Por otro lado, el Gobierno defiende que la ley cumple con todas las garantías democráticas y que está en consonancia con la Constitución.

Esta nueva Ley de Vivienda es un «hito histórico», así lo ha definido Moncloa, ya que permitirá a las comunidades autónomas regular e influir sobre los precios del alquiler en zonas «tensionadas». Estas zonas tensionadas deben cumplir dos requisitos. El primero es que la renta media mensual, del núcleo de convivencia que paga la hipoteca o alquiler, además de los servicios básicos (agua, luz, telecomunicaciones), debe superar el 30% de lo ingresos de los individuos.

El segundo requisito, es que «el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado de, al menos, cinco puntos porcentuales por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la comunidad autónoma», así lo define la propia ley.

El Gobierno busca abordar el conflicto con las inmobiliarias y los precios del alquiler en nuestro país, ya que los últimos años se ha convertido en un grave problema, sobre todo para los jóvenes. Las empresas han mostrado su malestar ante esta nueva medida, ya que piensan que su aplicación reducirá la oferta, empeorará la calidad de los inmuebles y hará proliferar la economía sumergida en el sector.