LA EDUCACIÓN UNA VEZ MÁS EN EL PUNTO DE MIRA

Desde la transición, la educación española ha vivido 8 grandes reformas educativas, desde 1980 con la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) hasta la Ley Celaá en 2020 que  fue aprobada el año pasado. Se creó en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las recomendaciones de 2018 del Consejo de la Unión Europea. Se tiene previsto que sirva de marco para el desarrollo del nuevo modelo de currículo, basado en la adquisición de competencias en una educación más inclusiva y que valore la diversidad.
Los objetivos de esta nueva ley son la equidad, reducir el abandono de las aulas, impulsar una educación didáctica, mejorar el nivel de competencia de los alumnos y promover la ciencia, sobre todo entre las chicas.
Ante esta reforma educativa, el director del área educativa de la OCDE y creador del informe PISA, Andrea Schleicher, afirmó que “la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe.” Recientemente, en una entrevista que se le hizo respondió que “el mayor éxito de la escuela es dar a los jóvenes estrategias y actitudes para que cada día puedan aprender y puedan también desaprender y reaprender cuando el contexto cambia.”
Es importante mencionar que el Informe PISA se encarga de medir los conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años. En 2018 participaron en el estudio 79 países (España lleva haciéndolo desde la primera edición en el 2000) con el fin de obtener una radiografía de los sistemas educativos.
No obstante, dicha ley no ha pasado desapercibida y ha derivado en polémicas. Se pretende eliminar el castellano como lengua vehicular de la educación, y dejar en manos de las Comunidades Autónomas la responsabilidad de impartir el idioma. Otro de los temas más candentes ha sido la excepcionalidad de crear un comité con todo el cuerpo docente para realizar un análisis cualitativo y estudiar si un alumno que ha
repetido más de dos asignatura debe repetir o no. A su vez, se abre la posibilidad de que, en determinados casos, los alumnos puedan superar bachillerato con una asignatura suspensa. Por otro lado, se establece que, en un plazo de 10 años, los centros ordinarios deberán contar con los recursos necesarios para poder atender a los alumnos con discapacidades.